Eléutera participa en el I Congreso Jurídico Internacional de Derecho Constitucional de la UNAH

Del 29-31 de mayo se celebró el I Congreso Jurídico Internacional de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en la ciudad de San Pedro Sula. El Congreso, junto con el Diplomado y Maestría en Derecho Constitucional, forma parte del proyecto de reforma constitucional de la UNAH. El evento contó con disertaciones de Florentín Meléndez, magistrado de la Sala Constitucional de El Salvador; del ex fiscal general del Estado, Edmundo Orellana; de Leticia Salomón, directora de investigaciones de la UNAH, entre otros.

A su vez, el evento contó con la participación de Jorge Colindres, Director Jurídico de Fundación Eléutera, quien disertó sobre las debilidades de la Constitución de 1982 y sus ejes de reforma. Colindres propuso la elección de diputados por distritos; quitar a la Corte Suprema las facultades administrativas para organizar los tribunales de justicia y nombrar y remover jueces; y, en materia de política económica, propuso una reforma constitucional para establecer un techo sobre los ingresos tributarios del Estado, ajustar el gasto público al crecimiento económico, y el establecimiento de un referéndum popular obligatorio para aprobar todo nuevo impuesto o aumento de uno ya existente.

De igual forma, participó Álvaro Paz, investigador y asistente de litigio estratégico en Fundación Eléutera, quien disertó sobre el control de convencionalidad y el lugar que el Derecho Internacional de Derechos Humanos tiene dentro del derecho hondureño. Álvaro detalló cómo los jueces y funcionarios de la Administración Pública, deben ejercer de oficio un de control de convencionalidad según el cual se abstengan de aplicar toda normativa contraria a la Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

Además, cuestionó la falta de respeto al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, con respecto al art.184 reformado del Código Procesal Penal, en donde se establece un catálogo de delitos para los cuales se ordena la prisión preventiva como regla general; de igual forma, cuestionó el debate político sobre reducir la edad punible por debajo de los 18 años, cuando la Convención de los Derechos del Niño ya establece que ningún menor de 18 años podrá ser juzgado como adulto.