DEI cerró más de 1400 empresas en 3 años

Mediante un recurso de revisión impulsado por Eléutera ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), se ha revelado el grave perjuicio que la DEI ocasionó a la empresa privada durante el 2014 al 2016. Ver documento

En aplicación del ahora derogado artículo 35 de la Ley de Equilibrio Financiero, la Dirección Ejecutiva de Ingresos, hoy estilizada como Servicio de Administración de Rentas, cerró 1462 empresas desde el 2014 hasta el 2016. En su mayoría, las empresas fueron cerradas por un supuesto incumplimiento al régimen de facturación; sin embargo, Fundación Eléutera ha podido comprobar que en ningún momento se respetaron las garantías del debido proceso de los contribuyentes. 

Los hondureños tienen un derecho fundamental a la libre empresa, reconocido en los artículos 330, 331 y 337 de la Constitución, que solo puede ser limitado respetando las garantías del debido proceso. Entre las garantías vulneras por la DEI y la Unidad de Fedatarios Fiscales, se encuentra el derecho a una comunicación previa y detallada de la acusación; derecho a una audiencia; derecho a que se conceda el tiempo y los medios suficientes para preparar una defensa legal; y el derecho a recurrir la resolución ante un tribunal superior. Todas garantías reconocidas en el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

Aunado a ello, se vulneró el principio de legalidad, ya que los contribuyentes fueron sancionados por incumplimiento a un Reglamento Administrativo (Régimen de Facturación); y, conforme a las interpretaciones que la Corte Interamericana ha hecho del art. 9 de la CADH, toda infracción punible debe estar detallada con precisión en una Ley y no en una resolución administrativa.

A consideración del Centro para la Defensa de las Libertades Civiles y los Derechos Humanos, el Ministerio Público debe deducir responsabilidad penal a los titulares de la DEI durante el 2014 al 2016 (Abog. Miriam Guzmán y Abog. Angela Madrid) por haber violado derechos humanos básicos de los contribuyentes hondureños, cometiendo el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, conforme al art.349 del Código Penal.