Reglamento de Sanciones de la CNBS vulnera el debido proceso

San Pedro Sula, Honduras. La Fundación Eléutera ha publicado un nuevo análisis sobre el Reglamento de Sanciones que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) estaría aplicando a 22 actividades económicas específicamente designadas por la Ley para la Regulación de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFDs).

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El régimen de sanciones de la CNBS, afirma el estudio, vulnera garantías procesales básicas, como ser: a) el derecho a un juicio previo; b) la concesión de tiempo suficiente para preparar una defensa legal; y, c) el derecho de propiedad, ya que se imponen penas confiscatorias, que oscilan entre 2 hasta 500 salarios mínimos mensuales, y que deben pagarse al día inmediato siguiente a la notificación de la multa. 

“En el Reglamento, los Sujetos Obligados tienen solo un día para pagar la multa, que puede llegar a ser de hasta más de 3 millones de lempiras; y esta multa acumulará intereses aun si la sanción es impugnada en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Además, la CNBS se quedaría con el 60% de la multa aplicada, por lo cual existen muy malos incentivos que fácilmente podrían resultar en un abuso de poder” afirmó Jorge Colindres, autor del estudio y Director Jurídico de Fundación Eléutera.

Conforme a lo establecido en el proyecto de Reglamento para la Ley de APNFDs que ha socializado la CNBS, ésta institución reguladora estaría aplicando la Resolución GE No. 450/19-03-2012 de la CNBS, contentiva del “Reglamento de Sanciones a ser Aplicado a las Instituciones Supervisadas”, a todas las APNFD, dentro de las que se incluyen empresas prestatarias o concesionarias de encomiendas; servicios de transferencia de dinero; arrendamiento, compra y venta de bienes raíces; compra, venta, arrendamiento y distribución de automóviles, aeronaves y, medios de transporte marítimo; prestamos no bancarios; abogados, notarios, y contadores en casos específicos; operaciones sistemáticas o sustanciales en cheques o cualquier otro título valor; clubes o asociaciones deportivas; juegos deportivos en los que haya venta de boletería; conciertos y espectáculos; hoteles y casas de empeño; transacciones de bolsas de valores; y transferencias sistemáticas o sustanciales de fondo.

“El Reglamento hace caso omiso de las garantías procesales contempladas en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y los artículos 82, 89, 90, 94 y 97 de la Constitución de la República. Por tanto, la CNBS debe modificarlo o elaborar un Reglamento nuevo que sea específico para la Ley de APNFDs” apunta el estudio.

Por su parte, el Director Ejecutivo de Eléutera, Guillermo Peña, señala que “este tipo de normativas vienen a incrementar los costos de operación de muchas empresas, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, ya que se aumenta la cantidad de horas que deberán dedicarse a tareas administrativas y de cumplimiento que no incrementan la productividad de los negocios”.

Agregó, además, que “No es correcto castigar a todos por el incumplimiento de unos pocos. Esto es resultado de presiones internacionales que afectan a toda la región centroamericana dirigido por la GAFI y la OCDE. El tema de lavado de activos y financiamiento del terrorismo no puede seguirse usando como excusa para coartar libertades civiles y obligar al sector privado a hacer el trabajo de investigación del delito, que es la responsabilidad y la razón de ser del Estado”, puntualizó Peña.